
La despedida involuntaria. El Arenero Conceptual

Aunque lo parezca, no toda marcha es igual. Radicales Libres

Andrés Lajous.*
Hace casi dos semanas el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevó acabo, con apoyo de otras organizaciones, una gran manifestación pública para protestar en contra de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El día de la manifestación, las estaciones de radio, los periódicos y tuiter, anunciaban la marcha como el origen de una pesadilla tenebrosa que sufriríamos los habitantes del Distrito Federal.
Desde temprano, en el radio se hicieron análisis políticos en el que concluían que la movilización convocada por el SME no sólo era un error político, sino una mala “costumbre de las izquierdas” al creer que así se puede generar “presión” desde la calle.
Los comentarios más moderados simplemente pedían que se reglamentaran las manifestaciones, pues “hasta se hace en países liberales como Holanda” para que por lo menos con 3 días de anticipación se informara sobre cualquier manifestación que afecte la circulación vehicular (aunque la manifestación del SME había sido convocada por lo menos una semana antes). Los comentarios más reaccionarios, que circulan con cierta facilidad en tuiter y en las llamadas telefónicas a las estaciones de radio, eran más sencillos “para eso está el ejército, quiten a los del SME de la calle”--exigían.
Acompañando estas descalificaciones a la movilización callejera como forma de acción política, algunos partidos políticos casualmente “reviven” iniciativas de ley para regular las marchas y manifestaciones en el Distrito Federal. Una de estas iniciativas (por suerte congelada hace más de un año) va tan lejos como para declarar ilegal cualquier manifestación que se lleve a cabo en el primer cuadro del centro de la ciudad, o sobre las avenidas Reforma e Insurgentes, en días laborales, y hacer sujetos de arresto a quienes “hayan tomado la palabra” en el transcurso de una manifestación. Otra de ellas, un poco más razonable, exige que no se violenten derechos de terceros, aunque no aclara por completo qué implica esto, pues no hay movilización masiva que de una manera u otra no lo haga.
Lo que llama la atención, tanto de las descalificaciones más superficiales como de los llamados más duros en contra de las marchas callejeras, es que pretenden aplicar un sólo estándar a cualquier marcha, sin importar los motivos y objetivos de los manifestantes.
Para el filósofo estadounidense Michael Sandel este tipo de defensa de los derechos de terceros es una defensa procedimental. Esto quiere decir que quienes hablan de prohibir o detener cualquier manifestación que invada derechos de terceros no están dispuestos a evaluar y juzgar la situación, pues pretenden que las leyes sean de aplicación automática. Para ejemplificar su argumento, Sandel compara dos casos de manifestaciones públicas en Estados Unidos. Una, la manifestación de un grupo neonazi en de pueblo Skokie, Illinois en 1977 habitado principalmente por sobrevivientes del Holocausto; otra la marcha convocada por Martin Luther King de Selma a Montgomery, Alabama en 1965 para exigir el reconocimiento de los derechos civiles de las y los ciudadanos negros. En el caso de Skokie, cuando las autoridades del pueblo negaron el permiso de manifestación a los grupos neonazis, estos se defendieron alegando que restringir su manifestación era una violación a la libertad de expresión. En el caso de la marcha por los derechos civiles, el gobernador conservador de Alabama pretendió prohibirla argumentando que bloqueaba el transito en una carretera estatal.
En ambos casos, todos los grupos interesados podrían defender su posición como la violación de sus derechos. Los neonazis y los activistas de derechos civiles argumentaron la violación de su libertad de expresión. Los gobiernos de Alabama, y de Skokie arguyeron la violación de los derechos de terceros. Aunque la defensa de derechos estandariza situaciones completamente distintas, nos dice poco sobre el valor y significado de cada una de las manifestaciones. Si sólo se usan los derechos como argumento, entonces renunciamos a juzgar, evaluar y discernir.
Cuando el caso de Skokie llegó ante un juez, éste falló en favor de los neonazis con un argumento de libertad de expresión, pese a que la manifestación dañaba los derechos de terceros según las autoridades del pueblo, pues tenía como único objetivo lastimar a sus habitantes con un discurso de odio racial. En cambio, cuando el caso de los manifestantes de Selma llegó a un juez, éste sentenció:
“...la extensión del derecho a reunirse, manifestarse y marchar de manera pacífica en las carreteras...debe ser comparable con la enormidad de los males contra los que se protesta y exige. En este caso, los males son enormes. La extensión del derecho a manifestarse en contra de estos males debe ser determinado de manera correspondiente”.
Es decir, en un caso se defendió la libertad de expresión de manera meramente procedimental, sin evaluar el daño causado y las motivaciones de los neonazis, en el otro se evaluó el contenido de las demandas y las razones para manifestarse. Para Sandel la diferencia es obvia, los Nazis promueven el genocidio y el odio, mientras que Martin Luther King luchaba por los derechos civiles de los negros. Aunque ambos “dañaban” derechos de terceros, sería una insensatez decir que eran iguales.
Pocos de quienes se opusieron a la marcha del SME a mediados de este mes piensan que el tema central es la libertad de expresión. De la misma manera, quienes apoyaron la movilización considerarían inaceptable su restricción. Pretender “regular” las manifestaciones a raja tabla sin dar espacio para reflexionar sobre ellas y ponderarles como parte de la discusión pública más amplia, sería como hacer moralmente equivalente las lucha por los derechos civiles y el nazismo. Por eso en vez de imponer nuevas leyes que es poco probable que sirvan de algo, sería mejor gastar el esfuerzo en tener instituciones jurídicas confiables, transparentes y democráticas que no renuncien a su papel público tras un discurso llano de derechos sino que se den la tarea de distinguir aquello que no es igual.
*Andrés Lajous Loaeza.
Politólogo del CIDE y Maestro en Planificación Urbana por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Editorialista de la Revista Nexos, El Universal y Reforma.
Activista Político. Secretario de la Juventud del extinto Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Renunció tras haber sido uno de sus fundadores, integrante del Comité Ejecutivo, Coordinador de Propuestas de campaña de Patricia Mercado, y candidato a Diputado Federal.
http://twitter.com/andreslajous
andres.lajous@gmail.com
Si ves las barbas de tu vecino recortar... (sobre Dubai). Análisis a Fondo

http://analisisafondo.blogspot.com
*Francisco Gómez Maza ha sido reportero del Excélsior, que dejó junto a Julio Scherer para fundar el Semanario Proceso. También ha colaborado en el Financiero, El Universal, entre otros. Originalmente el título de su columna, Análisis a Fondo se convirtió en una meticulosa esculcada a la realidad, que es compartida con quien tenga interés en conocerla, pensarla y participar en este debate.
Los "afrancesados"

Sergio Aguayo Quezada.*
(Columna originalmente publicada por Grupo Reforma y reproducida por CEINPOL con autorización expresa del autor).
Población y Desarrollo

Desarrollo Rural en América Latina

Luis Alberto Jiménez Trejo.*
El desarrollo histórico latinoamericano ha estado vinculado estrechamente al desarrollo de la agricultura “…la cual ha financiado gran parte del esfuerzo de industrialización de América Latina y los polos urbanos del hemisferio”(1) y aún continúa teniendo un peso particularmente importante en el Producto Interno Bruto de los países, especialmente, si se le dimensiona con el valor agregado que experimenta en los procesos de industrialización. Se calcula que estos procesos agroindustriales y agroalimentarios representan aproximadamente un 20% del PIB total promedio de los países latinoamericanos. Esto, aunado a la participación de la agricultura, llega a representar en la mayoría de los países, porcentajes que van de un 25% a un 50% del PIB nacional (2).
En adición a lo anterior, de manera creciente, nuevas demandas surgen en función del espacio rural, vinculadas estrechamente a los recursos endógenos de que dispone el territorio latinoamericano y que están relacionadas con la biodiversidad y los recursos naturales. Y también, la necesidad, cada vez más notable, de disponer del paisaje rural como espacio vital de recreación y una creciente demanda de productos con nichos de mercado no tradicionales.
Es un hecho contundente que el espacio rural en los países latinoamericanos ha venido evolucionando, enfrentándose hoy a un nuevo escenario rural, basado en un carácter territorial, que permite visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano expresado, entre otros aspectos, en el desarrollo progresivo de actividades agrícolas no tradicionales y actividades no agrícolas en el medio rural.
Profundas innovaciones han ocurrido en este medio, observándose nuevas orientaciones productivas como el cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanías, turismo rural, forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de especies menores, empresas de servicios rurales y una mayor integración de la cadena agroproductiva y comercial con expresiones organizativas en el campo, la ciudad y en el extranjero.
En resumen, se están produciendo cambios sociales, económicos, políticos y ecológicos que afectan a la agricultura y al medio rural y que definen también nuevas demandas de la sociedad y el surgimiento de una nueva estructura de oportunidades, la cual es percibida de manera distinta por cada uno de los países, en especial, atendiendo a las diferencias que marcan los distintos niveles de desarrollo.
Los pequeños y medianos productores agrícolas, especialmente los grupos más vulnerables como los pueblos indígenas, encuentran en estas oportunidades que ofrece el nuevo auge de la ruralidad, importantes espacios de desarrollo económico y de organización para aumentar sus niveles de participación económica, social, cultural y política y, consecuentemente, su nivel de vida.
El desarrollo rural, en el marco de una nueva lectura de la ruralidad, ofrece también a los productores agrícolas grandes, y a las cadenas agroproductivo-comerciales, espacios de responsabilidad, compromiso y participación. La demanda creciente de alimentos, materias primas, empleo y conservación de los recursos naturales así lo exige.
Toda esta nueva concepción de lo rural se vincula con:
a) Aumento de la producción, la productividad y la seguridad alimentaria;
b) Combate a la pobreza para buscar equidad;
c) Preservación del territorio y el rescate de los valores culturales para fortalecer la identidad nacional;
d) Desarrollo de una nueva cultura agrícola y rural que permita la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales;
e) Aumento de los niveles de participación ciudadana para fortalecer el desarrollo democrático y la ciudadanía rural;
f) Desarrollo de acciones para visualizar y apoyar la participación de las mujeres, los indígenas y jóvenes, en el desarrollo nacional desde lo rural.
Se hace imprescindible, por tanto, el establecimiento de políticas de desarrollo rural en los países latinoamericanos, centradas en el desarrollo humano, aprovechando el capital humano, físico, natural, social y cultural y el patrimonio histórico y arqueológico de sus comunidades.
Políticas de desarrollo rural en América Latina
En los últimos sesenta años, los países latinoamericanos han experimentado diversos procesos de modernización de la agricultura. En un inicio, los impactos derivados de la industrialización o de la expansión de sectores exportadores agudizaron la crisis de las estructuras agrarias. La evolución de dichas estructuras presentó, en términos generales, una pauta bimodal: la agricultura comercial, inclinada a especializarse en materias primas para la industria y productos de exportación; y la agricultura campesina, por lo general, dedicada a la producción de alimentos para el mercado interno y el autoconsumo.
En los años cincuenta y sesenta, en el contexto latinoamericano, la intervención estatal de dio en el marco de políticas de industrialización sustitutiva y ampliación del mercado interno. En el agro, las políticas se tradujeron en incentivos para la modernización de las grandes explotaciones y en programas de fomento a la economía campesina, incluyendo procesos de reforma agraria.
En los años sesenta y setenta, el campo se vio afectado positivamente por las políticas desarrollistas –la revolución verde fue uno de sus ejes centrales- orientadas principalmente hacia la diversificación productiva y el mejoramiento de la rentabilidad.
Además, la intervención estatal se orientó a profundizar la industrialización y a diversificar las exportaciones. Se consolidó la política dual, planteada anteriormente, que alentaba la mayor productividad de la agricultura comercial para abastecer a la industria y a los mercados de exportación, y por otro lado apoyó al campesinado para contener la migración rural-urbana y para abastecer al mercado interno con alimentos baratos.
La propuesta del Desarrollo Rural Integral (DRI) cobró mucha importancia en esos años al develarse las fallas de la revolución verde, ya que el DRI caracterizaba al medio rural como un sistema en el que se articulan un sinnúmero de elementos organizados que determinan el funcionamiento de estructuras, donde el papel del medio ambiente y de los agentes externos era determinante para el desarrollo. Esta propuesta sistémica fue institucionalizada en México a través del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER). La propuesta iba encaminada a la tarea de “procurar un proceso autosostenido de desarrollo rural” (3)
Con el surgimiento del neoliberalismo a principios de la década de 1980, cobraron fuerza algunas ideas que cuestionaban las formas de producción basadas en la modernización de la agricultura. Abundaban en que la “revolución verde”, lejos de ayudar integralmente al desarrollo rural y agrícola, afectaba agresivamente al ecosistema y a la salud de los consumidores de los productos del campo.
En cuanto al contexto económico, en los años ochenta surgen los efectos de la recesión y de la crisis de la deuda externa en la mayoría de los países latinoamericanos. Ante las condiciones de la banca internacional, fortalecida por el llamado Consenso de Washington (4), se intensificaron en la región las tendencias hacia la globalización económica y la liberalización de las economías.
En la agricultura, las políticas implementadas por los gobiernos latinoamericanos apuntaron a estimular las exportaciones, importar alimentos y a eliminar subsidios para fomentar la competitividad, recortar los presupuestos de los programas de desarrollo y de apoyo a la producción, y reducir drásticamente los programas asistenciales para los sectores más pobres de la población rural.
Recientemente presenciamos un proceso político, técnico y participativo a nivel mundial que propone nuevas alternativas para la agricultura y el desarrollo rural en la orientación de un desarrollo sustentable (5) y que ha generado importantes compromisos internacionales de impacto a nivel nacional en las esferas del comercio, el medio ambiente y otros aspectos de interés para el desarrollo rural (6).
A principios del nuevo siglo los retos, impactos e implicaciones de la globalización plantean la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo rural, y en particular para la agricultura, especialmente frente a la situación de pobreza persistente (cuyas manifestaciones en el espacio rural son más evidentes), la exclusión social y la degradación de los recursos naturales del medio rural.
Existe un consenso cada vez mayor, en todo el mundo, especialmente en la última década, en cuanto a que el desarrollo debe ser sustentable en el sentido de satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este desarrollo sustentable, desde el punto de vista económico, social, político y ecológico demanda cambios en la política económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, industrial y consecuentemente, en las políticas para la agricultura y el desarrollo rural.
Como apunta Guiarracca (7), es necesario pensar el desarrollo rural como una construcción social orientada a nivelar el crecimiento económico-productivo; que debe tender a la sustentabilidad y poner atención en los pactos intergeneracionales en relación con los recursos naturales, así como en el respeto por las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión, de edades, y de formas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, vivienda y alimentación.
Desarrollo Rural Sustentable
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone, en ese sentido un desarrollo en el cual se dé una reinterpretación del mundo global a partir de los fundamentos éticos y políticos que rescata el desarrollo sustentable. Según algunos estudios de la CEPAL (8) este desarrollo implica no sólo la creación de riqueza, la transición a la eficiencia y la conservación de los recursos y el capital natural, sino también su distribución justa, tanto entre los miembros actuales de la sociedad como entre éstos y las generaciones futuras.
El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo sustentable, que se refuerzan mutuamente y son un marco orientador de los esfuerzos por lograr una mejor calidad de vida para todos (9)
En el caso del desarrollo rural, visto desde esta perspectiva, se entiende que éste debe alcanzar los logros de sustentabilidad y equidad.
Ya que aunque el medio rural presenta desequilibrios importantes y urgentes de solucionar, a su vez dispone de un notable contingente de capital físico, natural, cultural, humano y social que debe ser utilizado racionalmente para el logro de un desarrollo equitativo e incluyente.
Por lo que es necesario generar mecanismos de formulación de políticas de desarrollo para las regiones rurales, que persigan un mejoramiento en la distribución del ingreso nacional y la superación de la pobreza en todos los países latinoamericanos.
El desarrollo rural sustentable, plantea la necesidad de definir políticas sobre la concepción, las estrategias y las prioridades del desarrollo nacional, regional y local teniendo en cuenta las implicaciones con la cadena agroproductiva-comercial y lo rural y los eslabonamientos con los programas y políticas de reformas económicas, reformas del Estado, políticas macroeconómicas, y otras que inciden en la ruralidad.
Esto es, incorporar las consideraciones relativas al desarrollo rural sustentable, en los procesos de toma de decisiones, formulación de políticas, planificación y gestión del desarrollo, basándose en unidades territoriales con expresiones diversas (por ejemplo, cuencas hidrográficas, humedales y zonas marino-costeras, unidades político-administrativas locales, regiones fronterizas, ecosistemas frágiles, áreas protegidas y corredores biológicos, entre otras).
El reto para la sociedad latinoamericana en su conjunto es encontrar el balance que significa mejorar la calidad y el nivel de vida de los habitantes dentro de los límites impuestos por los ecosistemas locales, regionales y globales.
Consideraciones finales
En vista de que el mercado por si sólo no genera un desarrollo equitativo, de la cada vez más marcada polarización social y regional y de la devastación irracional de los recursos naturales, es necesaria la participación de los Estados nacionales latinoamericanos en esta nueva estrategia de desarrollo.
Correspondería a los gobiernos nacionales generar las herramientas y las condiciones necesarias para el acceso a los medios productivos, tecnológicos y financieros que hagan viables los proyectos productivos y comerciales en las sociedades rurales y la construcción de ventajas competitivas a través de un proceso de coordinación e integración de recursos.
También es necesario rescatar y fortalecer la cultura rural para sustentar las estrategias de desarrollo local. Esta cultura es producto de las raíces étnicas, de los procesos colonizadores y de las comunidades campesinas; representa valores, formas de organización, y de solidaridad, expresiones democráticas, éticas, sistemas productivos y tecnológicos, creencias, expresiones estéticas y artísticas, que dan identidad y diversidad cultural a las comunidades locales, esto es indispensable para que la gente se comprometa con una estrategia de desarrollo que los respete y los incluya.
Finalmente, el desarrollo sustentable requiere de una visión estratégica que parta de la premisa de definir políticas de Estado y de un esfuerzo compartido entre la sociedad civil, los poderes públicos y el mercado en la construcción de un Proyecto de Nación incluyente.
Referencias Bibliográficas
• CEPAL, 2000, “Equidad desarrollo y ciudadanía”, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile.
• ESCUDERO, Gerardo, 1998. “La visión y misión de la agricultura al año 2020: Hacia un enfoque que valorice la agricultura y el medio rural”. En Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina, IFPRI/BID.
• GUIARRACCA, Norma, (Compiladora), 2001. “¿Una nueva ruralidad en América Latina?”, CLACSO, Argentina.
• MILLER, Eric, 1976, “Desarrollo Integral del Medio Rural. Un experimento en México”, FCE, México.
• ONU, 1997. Programa de Desarrollo. Asamblea General. Resolución A/RES/51/240, Anexo 1. 15 de octubre de 1997. New York.
NOTAS
1. Escudero, Gerardo, 1998. “La visión y misión de la agricultura al año 2020: Hacia un enfoque que valorice la agricultura y el medio rural”. En: Agricultura, medio ambiente y pobreza rural en América Latina, IFPRI/BID.
2. Ibid.
3. Miller, Eric, 1976, “Desarrollo Integral del Medio Rural. Un experimento en México”, FCE, México. P. 12.
4. El denominado Consenso de Washington fue la decisión de los organismos financieros internacionales de impulsar un paquete de reformas en los países miembros/clientes que incluían entre otras políticas el control de la inflación, la liberalización comercial, la reducción del déficit del sector público y la privatización de las empresas del Estado.
5. Para efectos de este trabajo, entendemos Desarrollo Sustentable a la estrategia de desarrollo basada en la generación de crecimiento económico y desarrollo social en un entorno de conciencia ecológica y de preservación del medio ambiente, difiere este concepto del de Desarrollo Sostenible en que este último sólo se preocupa, a nuestro entender, por mantener altas tasas de desarrollo económico en el tiempo, sin considerar las cuestiones sociales ni ambientales.
6. Algunos resultados de este proceso son los acuerdos gubernamentales en la Cumbre de la Tierra de 1992 sobre agricultura, tales como, el Capítulo 14 de la Agenda 21: Fomento de la agricultura y desarrollo rural sustentables.
7. Guiarracca, Norma, (Compiladora), 2001, “¿Una nueva ruralidad en América Latina?”, CLACSO, Argentina.
8. CEPAL, 2000, “Equidad desarrollo y ciudadanía”, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile. P. 283.
9. ONU, 1997. Programa de Desarrollo. Asamblea General. Resolución A/RES/51/240, Anexo 1. 15 de octubre de 1997. New York. p.14.
*Luis Alberto Jiménez Trejo. Nació el 21 de junio de 1979 en Córdoba, Veracruz. Tiene una Maestría en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Licenciatura en Economía en la Universidad Veracruzana, Facultad de Economía. Tesis: “Los impuestos como instrumentos de política económica en México”. Ha laborado en la Fundación Miguel Estrada Iturbide (FMEI), A. C. del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en
Correo Electrónico: luisjimenez23@hotmail.com
La Importancia de las Nominaciones a Ministros de la SCJN / Dedicado a los Senadores de la República (tod@s)

Geraldina González de la Vega.*
En la foto: (primera fila de izquierda a derecha): Eduardo Ferrer MacGregor, Jorge Adame Goddard y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, uno de ellos sustituirá al ministro Góngora Pimentel (segunda fila de derecha a izquierda) para relevar a Mariano Azuela, Luis María Aguilar Morales, María Luisa Martínez Delgadillo y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Las sorpresas:
El 19 de noviembre, el Ejecutivo envió al Senado las dos ternas con tres candidatos cada una para que de acuerdo con la Constitución, sea ésta Cámara quien determine quiénes ocuparan los dos lugares que dejan los ministros Góngora y Azuela en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El martes 24 se acordó en el Senado de manera rápida, poco clara y con falta de quórum que el jueves 26, los senadores de la República recibirían a los seis para llevar a cabo las comparecencias y que ese día se tomaría el acuerdo sobre el método para nombrar a los dos próximos ministros. Así, se acordó realizar las comparecencias en “fast track”. Además, se acordó que el martes 1 de diciembre, acudirían nuevamente los seis a pronunciar un discurso de 15 minutos ante el pleno –ya veo a los candidatos (recuerde usted: académicos y magistrados) ensayando el fin de semana su voz y su lenguaje corporal.-
En una tarde (entre las 13 y las 22 horas) y a lo loco, los senadores “escucharon y cuestionaron” –supuestamente a conciencia y con profundidad- a los seis aspirantes a ocupar el más alto cargo del Poder Judicial Federal. En este punto quisiera anotar la poquita atención que la prensa mexicana ha dado al procedimiento. Las comparecencias, si bien fueron reportadas, fueron cubiertas por la fuente en el Senado y no por la fuente en la Corte, la que seguramente le habría dado el contexto necesario a la nota.
En las comparecencias se dijeron cosas importantes:
Luis María Aguilar dijo que la Corte no tiene la facultad para revisar el fondo de las reformas constitucionales, pues considera que el proceso de reforma deposita la soberanía en el órgano revisor. María Luisa Martínez defendió la facultad investigadora de la Corte, pues considera que al ser la Corte la guardiana de la Constitución debe velar por el cumplimiento de todas las normas y más cuando se trata de violaciones graves a las garantías individuales. Jorge Mario Pardo reconoció la necesidad de modificar la acción de inconstitucionalidad para que organismos sociales la puedan hacer valer.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso cambios a la Ley de Amparo para que se protejan derechos humanos establecidos en tratados internacionales, para que sea posible proteger derechos colectivos y otorgar suspensiones de forma eficaz y equilibrada y superar la relatividad de las sentencias. También habló sobre la falta de consistencia interpretativa de la Corte. Por ello, explicó, “no se ha podido elaborar una doctrina que haga más predecibles las definiciones y que dote de certidumbre tanto a los ciudadanos como a los órganos de Estado.” Jorge Adame Goddard dijo que desea una Corte sin ideología en donde los ministros se apeguen a la letra de la ley como la única verdad. También dijo que la Constitución claramente protege la vida. Por último, Eduardo Ferrer MacGregor también defendió la idea de una nueva Ley de Amparo, pues explicó que es este medio el único de defensa del individuo frente a las violaciones a sus derechos por parte del Estado, y habló sobre la necesidad de avanzar el agravio personal directo y de establecer nuevas fórmulas de acceso a la justicia constitucional.
La velocidad con que el Senado ha reaccionado y el silencio mexicano (prensa y sociedad) revela la ignorancia sobre lo que hace la Corte. Asombra que los medios no alcancen a comprender la relevancia del tribunal intérprete de la Constitución o ¿tendremos que pensar mal? Por el lado del Senado, parece que les preocupaba más las vacaciones de Navidad o ¿acaso tendremos que pensar mal? ¿Se usan las ternas como comparsas para el “candidato bueno”? Es pregunta.
Me parece que la tesis fué: para qué darle publicidad, transparencia y profundidad a un procedimiento “que a nadie interesa”. Pero es que debe interesarnos, a todos.
La tardanza para el envío de las ternas por parte del Ejecutivo (3 semanas antes de que concluya el periodo) y la forma en que el Senado decidió actuar, no son compatibles con la transparencia y publicidad, la seriedad y dignidad con que el nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían tener.
Lo que sigue es una nota que había preparado el jueves temprano para hoy sábado, antes de ser sorprendida con las “comparecencias al 2x1”:
El significado de la Constitución no es una cuestión menor ni que deba interesar solamente a los juristas o a los legisladores. En un Estado Constitucional es ésta la Norma Suprema del sistema jurídico, esto implica que es la fuente del derecho: ella determina quién y cómo se producen las normas, así como qué contenidos deben o pueden tener. La violación a estas determinaciones deriva en la inconstitucionalidad de la norma. Esto es, cuando se produce una norma en contravención con las formalidades para producirla (quién y cómo) o con los contenidos autorizados (qué) para ella, la norma es contraria a la Constitución y como consecuencia se declara inválida. Para que las normas jurídicas tengan membresía plena en el sistema jurídico de un Estado Constitucional, éstas deben estar formal y materialmente de acuerdo con la norma fuente: La Constitución. Esto es lo que establece el artículo 133 de nuestra Constitución General (¡que no es lo mismo que Federal!). Ahora bien, al igual que muchas otras constituciones democráticas, la Constitución mexicana contiene normas abstractas que requieren ser interpretadas, es decir, hay normas cuyo texto es abierto y requiere que se le dote de sentido cuando se aplica al caso concreto o cuando se desarrolla a través de una ley. Por mencionar algunas: qué actos implica la discriminación, quiénes forman parte de los pueblos índigenas, qué alcances tiene el derecho a la salud, qué es familia, cuándo debe intervenir el Ministerio Público, qué facultades tiene el ejército y un larguísimo etcétera.
Se dice que una constitución es normativa, es decir, actúa como norma jurídica, cuando el sistema jurídico y las autoridades actúan siempre conforme a ella. Al tener una constitución normativa, el Estado crea una red de normas congruentes y coherentes con ciertos principios básicos establecidos en la norma fuente, osea en la Constitución General. De ésta forma, ese Estado necesita de un guardían de la constitucionalidad del sistema jurídico, una autoridad dedicada a cuidar que todos los actos y normas sean constitucionales.
Para cuidar la constitucionalidad del sistema jurídico, se han desarrollado dos sistemas básicos: el control concentrado y el control difuso. El control concentrado se desarrolló en Europa durante el siglo XX y se estableció en la gran mayoría de democracias constitucionales después de la II Guerra Mundial, este control se concentra en un sola autoridad judicial que se conoce como Tribunal Constitucional. El control difuso es el que se desarrolló desde el siglo XIX en los Estados Unidos y es el mismo que se importó a México, este tipo de control implica que la revisión de la constitucionalidad recae en todas las autoridades judiciales, es decir, no se concentra en un Tribunal Constitucional, sino que se difunde entre varios. El sistema actual en México es más bien una combinación de ambos, pues recae fundamentalmente en la Suprema Corte la determinación de la constitucionalidad de las normas y de los actos de autoridad, y en consecuencia es la intérprete básica de la Constitución mexicana. Por ello resulta importante la nominación de los dos nuevos ministros, no sólo porque se trata del Poder Judicial, sino porque se trata de la instancia que determina qué quieren decir, y por lo tanto qué alcance tienen, las normas fuente de nuestro sistema jurídico.
En los últimos años, nuestra Constitución recupera su normatividad y para ello requerimos ministros que garanticen la constitucionalidad en los actos del estado, que garanticen los derechos, que garanticen la división de poderes, que velen por el Estado de Derecho. Porque los ministros no son autómatas que "dicen lo que el derecho es", las comparecencias y las trayectorias de los seis candidatos son importantes, deben importarnos. De los dos nuevos ministros depende la integración y el balance de nuestra Corte, el pluralismo es una nota importante: sin ella las decisiones se tomarían por ideología y no por cuestión. Cada uno de los once que integran la Suprema Corte aporta su punto de vista, sus intereses, su filosofía sobre lo que la Constitución es y debe ser. El hecho de que los ministros representen una pluralidad de visiones hará que los asuntos presentados ante la Corte sean analizados desde distintos puntos de mira, por ello en las comparecencias se debe saber cuál es la filosofía constitucional del candidato.
En México se están desarrollando apenas teorías o filosofías de interpretación de nuestra Constitución, por ello resulta complicado hoy determinar detalladamente qué filosofía sigue cada ministro. Sería difícil que existiera por ejemplo, que algún juez siguiera una teoría interpretativa originalista o textualista, dadas las casi 500 reformas que ha sufrido nuestra Norma Fundamental. Lo que sí es posible, es ubicar su ideología con respecto a valores morales, tenemos ministros muy conservadores como Mariano Azuela o liberales o más garantistas como Genaro Góngora. De todas formas, me parece que a propósito de las próximas nominaciones de dos nuevos Ministros, es importante reflexionar sobre la necesidad de una dogmática constitucional en México. El término “dogmática constitucional” se refiere a la doctrina que se va desarrollando vía interpretación judicial de las normas constitucionales. Con ello, sería mucho más fácil analizar la filosofía constitucional de los candidatos, las tendencias y los equilibrios de los Ministros en funciones, y en general entender y atender la constitucionalidad en México. Las normas constitucionales, cada vez que se aplican o se interpretan, se concretizan y esto crea nuevas normas, estas integran lo que se conoce como dogmática, la que se enriquece con los análisis y críticas de los juristas. Pasar de una Constitución puramente semántica (una hoja de papel sin validez normativa) a una normativa, implica el desarrollo de una dogmática constitucional coherente. Y creo que a México le urge. Por eso, es importante comenzar ya. Con estas dos nominaciones tenemos la oportunidad de saber por qué se eligió a cada candidato, más allá de sus buenas conexiones políticas.
No se ha explicado por qué el Ejecutivo eligió a esos seis candidatos, más allá de sus sólidos currículum, qué cualidades tienen para que el Presidente Calderón piense que pueden ser buenos guardianes de la constitucionalidad. La falta de transparencia en los procesos de nominación mexicanos es proporcional a la falta de interés que los mexicanos ponemos a ellos. Es hora de exigir su publicidad, es hora de llamar la atención de los senadores para que aprueben dos nombramientos de personas con la capacidad para defender el Estado Constitucional mexicano.
Me parece inmportante que todos, y no sólo los senadores, reflexionemos: ¿Por qué es importante la comparecencia? Por qué es importante conocer a los candidatos, su filosofía, su entendimiento constitucional, su trayectoria, su probidad y congruencia intelectual, su autonomía. Para poder comprender la funcionalidad de nuestra Constitución y en consecuencia lograr su arraigo, la pregunta de la que debemos partir puede formularse de la siguiente manera: ¿Para qué sirve la Constitución mexicana?
Si México quiere ser una democracia constitucional, debe partir del entendimiento y del arraigo en la actividad del Estado de su norma fundamental, y para ello necesitamos ministros capaces, coherentes y autónomos que tengan por vocación defender el Estado Constitucional y los principios que éste sostiene: la libertad y el imperio de la ley.
Aquí 15 preguntas por temas que se me ocurren yo haría a los candidatos:
1) ¿qué opina sobre el uso del ejército (45mil tropas) para tareas de seguridad pública?
2) ¿qué alcance debe tener la facultad investigadora de la SCJN?
3) ¿puede la Corte reconocer derechos no enumerados en el texto de la Constitución? ¿qué significa discriminar? ¿qué validez tiene la Constitución en las comunidades indígenas? ¿qué implica que un individuo sea autónomo?
4) ¿qué piensa sobre la reforma a la Constitución sobre la presentación del Informe, es correcto que el Ejecutivo no se presente ya nunca a rendir cuentas ante el Congreso?
5) ¿en el caso de las leyes de transparencia, puede el IFAI invadir las esferas legislativa o judicial? ¿Puede una autoridad administrativa requerir a una autoridad judicial? ¿cuáles son los contrapesos al Poder Judicial por parte de los otros dos Poderes?
6) ¿debería la Corte entrar a revisar el fondo (materia) de las reformas constitucionales? ¿cree que existen principios intocables dentro de la Constitución mexicana?
7) ¿qué significa Estado constitucional? ¿qué implica la división de poderes? ¿debería darse prevalencia al Legislativo o al Ejecutivo? ¿debería de introducirse a nuestra Constitución el referéndum para reformas constitucionales? ¿Qué opina de la “revocación de mandato”? ¿qué pasaría en caso de falta del Presidente de la República, cómo se debería proceder para sustituirlo?
8) ¿qué es la extinción de dominio?¿en qué se distingue de la confiscación? ¿qué es la propiedad privada?
9) ¿qué opina sobre la reforma de "narcomenudeo"? ¿pueden las leyes federales determinar competencias de los estados? ¿existe la jurisdicción concurrente?
10) ¿qué opina sobre la reforma penal y las limitaciones a los derechos fundamentales en ella? ¿qué dimensión tienen los derechos fundamentales?
11) ¿qué opina sobre la decisión de la Corte que declaró constitucional la reforma al Código Penal del D.F. que despenaliza el aborto en las primeras semanas? ¿existe un derecho a la intimidad o a la autodeterminación? La Constitución mexicana: ¿protege el derecho a la vida? ¿protege al nasciturus? ¿hay diferencias entre embrión, feto y menor de edad?
12) ¿considera que el matrimonio es sólamente entre un hombre y una mujer? ¿puede un homosexual adoptar? ¿qué es la igualdad ante la ley? ¿puede por ley establecerse qué fin debe tener el matrimonio?
13) ¿puede el Estado entrometerse en las decisiones sobre la vida de los individuos? ¿qué opina de la eutanasia? ¿son relevantes las preferencias sexuales para ser padre o madre?
14) ¿qué implica la laicidad del Estado? ¿Cómo garantiza esto la Constitución?
15) ¿qué es la ponderación de derechos? ¿cómo se aplica el principio de proporcionalidad que para la limitación de derechos debe aplicar la autoridad? ¿qué es el contenido esencial de los derechos fundamentales?
Colofón, a propósito de nominaciones, Ronald Dworkin:
Ronald Dworkin, iusfilósofo estadounidense, a propósito de la nominación, y confirmación, de Sonia Sotomayor, publicó una nota en el New York Review of Books (vol . 56, no. 14 ) en donde sostiene que "las provisiones constitucionales que provocan las decisiones más controvertidas de la Suprema Corte fueron redactadas con lenguaje moral abstracto" por lo que interpretarlos requiere de una filosofía constitucional específica, pues dice Dworkin, para poder determinar lo que es la ley, no puede pues responderse que la filosofía constitucional de uno es "fidelidad a la ley". Es decir, lo que Dworkin, y muchos otros reconocen, es que para que un juez determine lo que “familia” (p.ej.) significa, necesariamente deben apegarse a una filosofía constitucional, pues por más que el juez diga que su filosofía es ser fiel a la ley, la determinación del concepto de “familia” estará influída por una filosofía individual. Por ello, lo que debe averigüarse en las comparecencias ante la Comisión de Justicia en el Senado de la República, es ésta filosofía constitucional, el entendimiento de la Constitución misma y de sus normas que cada candidato tiene.
Dworkin, argumenta que una filosofía constitucional genuina deberá ser un sistema formado por distintos tipos de principios políticos que guíen al juez en la interpretación de las cláusulas abstractas y las decisiones pasadas de otros jueces. Debe incluir al menos una aproximada teoría sobre la mejor concepción de la democracia, el mejor entendimiento de los derechos individuales que deben ser asegurados a través de la ley, como cuestión de justicia, si el gobierno bajo el principio de mayoría debe ser justo. Dworkin reflexiona: "¿Qué se debe hacer? nada, hasta que no se abandone la idea, tanto en el Senado, como en la opinión pública, de que las convicciones personales de los jueces no puedan ni deban tener un papel importante en las decisiones. Quizá no comenzará ese proceso hasta que llegue un senador valiente que declare que él no votará por un candidato que no responda las preguntas que demuestren esto. Pero la única solución realista es de largo aliento. En un libro recientemente reseñado en estas páginas, sugiero que nuestra política sería mejorada si en las clases de bachillerato se alentara a los alumnos a explorar cuestiones políticas en una forma mucho más sofisticada de la que se ha seguido tradicionalmente. Una discusión ilustrada sobre la Constitución y la adjudicación (o aplicación) constitucionales sería una parte esencial de dichos cursos." No está de más tomar los consejos de Dworkin para México.
De las formas de encarar los problemas. México debe salir adelante.

Entre los muchos correos que recibo me llegó uno en que se plantean tres problemas diversos y cuando menos dos soluciones a cada uno: una, la que corresponde a quien tiene todos los recursos del mundo, que pretende hacer las cosas conforme al librito, sin pensar que puede existir otra salida mejor.
Otra, la del que carece de todo y sabe que los únicos recursos con que cuenta son su capacidad, sus ganas y su deseo de que las cosas se hagan.
Hoy sólo les planteo el primero de ellos. Los otros están en mi blog VALE LA PENA, del que espero ya tengan la dirección electrónica.
Problema 01.
Cuando la NASA comenzó con el lanzamiento de astronautas al espacio, descubrieron que los bolígrafos no funcionarían sin gravedad (o con gravedad cero), pues la tinta no bajaría hasta la superficie en que se deseara escribir.
Solución a) resolver este problema, les llevó 6 años y 12 millones de dólares. Desarrollaron un bolígrafo que funcionaba: bajo gravedad cero, al revés, debajo del agua, prácticamente en cualquier superficie incluyendo cristal y en un rango de temperaturas que iban desde abajo del punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados.
Solución b) ¿y qué hicieron los rusos? ¡Los rusos utilizaron un lápiz!
Como puede advertirse, los primeros hicieron que un producto, el bolígrafo, funcionara a cualquier costo. Los segundos, los rusos, cambiaron el formato y encontraron una solución lógica, correcta, válida y aceptable.
A veces o casi siempre, conforme los veo actuar, siento que nuestros gobernantes están aferrados a lograr que el bolígrafo funcione, con el SME en contra, con todos los sindicatos en contra, con los patrones en contra, con la población y la sociedad civil en contra, con los campesinos, obreros, militares, religiosos, policías y demás, en contra. Vamos, creo que ya hasta los maleantes, los que tienen declarada la guerra formal, están en contra. Cuando menos, los del comercio informal, están en contra. Se requiere una gran capacidad y tenacidad para lograr tener a la totalidad de la población, en contra.
Es como el caso de aquél que iba escuchando la radio y oyó que el noticiero dijo: “va un loco en contra por el periférico” y nuestro héroe dijo:- ¿uno? ¡Vienen un chorro! ¡Es que el que iba en contra era él!
Así está el Gobierno. Va en contra de todos y de todo.
Que cinco galardonados con el Premio Nobel vengan y te digan que tu trabajo está mal hecho, por amor de Dios, lo que tienes que hacer es tratar de corregirlo. No te aferres a tu error. Eso se llama soberbia y es pecado. Sólo estarás cavando tu tumba.
Si son los impuestos, todos opinamos que no se vale cargarle todo el peso del problema a los pocos, poquísimos causantes cautivos y eso fue lo que hicieron.
Si son los sindicatos, todos opinaron que los problemas internos de los sindicatos son de ellos y nadie, por ningún motivo, puede inmiscuirse. Ya los están tratando de auditar órganos de gobierno cuando la persona moral “sindicato” es ajena, distinta y diversa de sus líderes. ¿Quieren moderar los excesos? Pregunten por las declaraciones de impuestos de los líderes. Si los bienes son del sindicato y están a nombre del sindicato, comprados con las cuotas pagadas por un millón de afiliados, es dinero legítimo, son compras legítimas, de mal gusto, si Usted quiere, pero eso no es lo que está sujeto a revisión, en suma, es dinero y cosas compradas con activos de una persona moral contemplada en la ley y por ende, no puede ser auditada en los términos que proponen. ¿Quieren hacerlo de otro modo? Cambien la ley. Así de fácil.
Si la crítica es contra los empresarios, éstos tienen razón. La culpa no es del indio, si no de quien lo hace compadre. Si la legislación actual permite que se deduzcan de impuestos los donativos y las inversiones y algunas otras cosas y los empresarios, que están para hacer empresas, para emprender nuevos caminos, para emprender nuevas batallas, utilizan esos resquicios legales, el error es del gobierno.
Como en el caso del mal gusto de los sindicatos, lo que se juzga aquí es legalidad, no moral o ética o decencia, que de eso no estamos hablando. Algunos empresarios las conocen y de hecho, presentan Códigos de Ética en sus empresas pero permiten que el que de entre sus trabajadores les roba el dinero a los demás trabajadores siga laborando y que el obrero que se atreve a elevar la voz porque siente que le están robando lo suyo, sea despedido.
Estamos juzgando legalidad, no conciencia, no valores éticos, no respeto a sí mismos y al país. No estamos poniendo en tela de juicio la seguridad de que esos pocos malos empresarios no habrán de saber qué decirles a sus hijos, educados en Europa o en Academias de Estados Unidos o allende nuestras fronteras, el día que les recriminen haber defraudado a sus trabajadores o a los mexicanos, en el caso de que además de ser empresarios, hayan sido políticos. Eso, no es el fin de la presente nota.
Si el Gobierno quiere incrementar la recaudación, obtener el favor y la simpatía del pueblo, a pesar de cobrarles impuestos, si desea conquistar respeto, no comprarlo, pues el respeto, como casi todas las cosas que valen la pena, no se compran con dinero, es tan simple como buscar un lápiz y dejar de gastar en una pluma que no sirve, que no va a servir y que nunca servirá.
Además, los que los ven batallar con la pluma y saben de la existencia del lápiz, están soltando unas carcajadas que hasta yo las escucho.
Créame, ya existe la solución, fácil, lógica, barata, que deja satisfecha a todos, que cambia el rumbo de las cosas, que permite al Gobierno recaudar lo que necesita y más, pero bajando las tasas de IVA e ISR, desapareciendo los bodrios esos IETU, IDE y demás engendros, tratando de no ser grosero al referirme a ellos.
¡Es tan fácil! Si tan sólo hicieran caso…si se dejaran ayudar…
Me gustaría conocer su opinión.
Vale la pena.
Entremeses y actos o por qué ya el escribano Gutiérrez no les dice semanales

III
Me acabo de dar cuenta que los nuevos billetes de conmemoración tienen un parentesco. Observen detenidamente y se darán cuenta que actos bélicos acaban de desaparecer simbólicamente a las Letras. ¿Recodaremos quiénes salían en esos billetes antes que los campesinos y que el cura con la virgen?
La supervivencia de la Cultura. 6 Columnas
Carlos Seror.* (cronista desde España).
Publicado originalmente en 6 COLUMNAS, revista chilena de artes y letras, con quién CEINPOL mantiene una alianza de colaboración.
Es posible que en el Paleolítico Superior la única angustia existencial del ser humano se cifrase en la escasez de puntas de flecha para cazar el próximo mamut. Con el tiempo, sin embargo, las sociedades han evolucionado, y la supervivencia se ha convertido hoy en una compleja balanza de intereses yuxtapuestos.
Lo que es peor: en alguno de sus platillos hay siempre una manzana podrida. Hace unos días me vi envuelto en una polémica sobre un famoso director teatral español. La región de Madrid ha emprendido un ambicioso proyecto de fomento de las artes escénicas, y el mencionado director ha aceptado asumir la responsabilidad máxima del proyecto. El problema es que su nuevo cargo, financiado con fondos públicos, depende por consiguiente de otro gran escenario no menos teatral: la política.
¿Está uno legitimado para censurar a los políticos cuando vive de sus iniciativas? Ésa era la cuestión que se debatía acaloradamente el otro día. No había tenido yo tiempo todavía de llegar a una conclusión cuando un viejo amigo intervino en la controversia:
“Te pondré un ejemplo que conozco bien: yo, sin ir más lejos, vivo del cuento.”
Mis ojos se abrieron como platos.
“Naturalmente, el cuento no es el que practico yo, sino mis empleadores. Quizá mi única atenuante es que no comulgo ideológicamente con los Cuentistas para justificar la procedencia de mis ingresos. Para mí, es una diferencia cualitativa, pero para los más puristas no pasa de ser un matiz. Lo malo es que, si miro a mi alrededor, me consuelo como el sabio aquel de la fábula, que desdeñaba las hierbas que otro sabio, tras él, recogía con afán.”
Mi amigo estaba en lo cierto. El que no trabaja para la Administración, espejo de honradez bíblica, suda sus cuarenta horas a la semana para una empresa con intereses en el sector armamentístico, en el lobby petrolero mundial, en las cajas fuertes de las islas Caimán o en la Hidra financiera de zapadores que han cavado el agujero negro por el que ahora se precipita la economía mundial.
Leo en las obras completas de un tal Milton que en lejanos otroras hubo un Paraíso, sí, pero malas lenguas aseguran, ¡ay!, que está perdido. En realidad, el único oficio moralmente inmaculado que se me ocurre es el de sepulturero, y confieso que no me hace tilín.
Entre tanto, la vida debe continuar y, con ella, lo que algunos más valoramos de este absurdo viaje. Los manuscritos de los sabios antiguos (es decir, el rescoldo de la sabiduría y de lo que antes de ser ocio fue cultura) pudieron ser copiados por amanuenses de remotos monasterios, y yo les estoy tan agradecido. Sólo gracias a ellos podemos abrigar hoy todavía una ilusión de continuidad y de pertenencia a la especie Homo sapiens, incluso aunque encendamos el televisor y creamos estarnos asomando a un show de los tiempos de Neanderthal.
La ciencia, el arte, el deporte mental como alternativa al corpore sano con camiseta de Adidas, deben continuar. Más que nada, para que algunos tengamos la suave satisfacción de saber que algunos de nuestros semejantes, al menos, aprovechan un poquito más su potencial como seres humanos.
Soy un sentimental tonto, lo sé, pero es que en el mundo -lo siento, señores profesionales de la farándula política- tiene que haber de todo.
*6Columnas.com es un proyecto de artes y letras y medio independiente desarrollado por la empresa chilena Portel Studios, a partir de una idea original del periodista chileno Jaime Ceresa. Es también la aventura que se desprende de la importancia de acercar la cultura a todos los lectores de internet a través de pluralidad de visiones y opiniones. Nuestra misión es generar contenidos de calidad que vayan más allá de la simple entretención, para derivar en un debate cultural de altura.
El estado mexicano: ¿reforma o refundación?
Desde hace ya algunos calendarios que he seguido con ahínco del tema de la reforma del estado en nuestro país, la cual cada cierto tiempo se promete, se realizan algunas acciones y acaba por derrumbarse y mandarse al baúl de las “buenas” intenciones donde desde hace mucho tiempo se le tiene.
Es pertinente comenzar por clarificar lo que en este espacio se entiende por reforma del estado: “Los procesos inducidos cuyos objetivos esenciales buscan que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, políticos y sociales de cada país.” (Villanueva, 2000) Esto va en concordancia con la teoría sistémica de Ludwig Von Bertalanffy, llevada a la política por David Easton.
Habrá que recordar que de acuerdo a dichas ideas, se considera que las sociedades y los sistemas políticos que de ellas emanan son abiertos, es decir, que reciben influencias de los elementos que existen a su interior y a su exterior, los cuales están en constante cambio. Por ende, el objetivo de todo sistema es mantener la estabilidad, que se traduce en asegurar su supervivencia.
Como lo hemos abordado en este espacio, el último intento a gran escala de impulsar la reforma del estado, se dio en el 2007 con la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, la CENCA. La Comisión definió como los temas de la reforma el Federalismo, Régimen de Estado y de Gobierno, Reforma del Poder Judicial, Garantías Sociales y Democracia y Reforma Electoral.
El gusto duró poco menos de un año, al marchitarse la iniciativa en enero de 2008 por la falta de voluntad y habilidad política de sus integrantes, todos ellos políticos de gran experiencia. Como es costumbre en nuestra compleja patria, los temas de fondo son sustituidos por la urgencia del momento, por las coyunturas que se amontonan una tras otra.
La clase política ha carecido de una palabra clave al enfrentar un proceso de transición democrática: visión. El corto plazo y el actuar faccioso ha dominado la agenda pública desde hace más de 20 años cuando probablemente debió darse la primer alternancia, en 1988. Hemos fallado en nuestras oportunidades históricas de dar el verdadero salto hacia un sistema genuinamente democrático, un mínimo de estado de derecho e instituciones y mecanismos capaces de dirimir los conflictos políticos con justicia, legitimidad y eficacia.
Uno de los ejes del proceso de transformación pasa necesariamente por adaptar no sólo las leyes sino el andamiaje mismo del estado para que sea capaz de responder a los retos que el país, en su carácter cambiante, enfrenta.
Parece ser que el tema se pone nuevamente en la mesa gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que presentó ante el Senado de la República una nueva propuesta, en un documento titulado "La Reforma del Estado; propuesta del IIJ-UNAM para la actualización de las relaciones entre poderes del Sistema Presidencial Mexicano", entregado por Héctor Fix Fierro, director del Instituto (La Jornada, noviembre 2009).
La propuesta fue elaborada por algunos de los más prestigiados constitucionalistas y académicos del país como Diego Valadés, John Ackerman, Miguel Carbonell, Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, Francisco José Paoli Bolio y Héctor Fix-Zamudio.
Es pertinente apuntar que el estudio fue realizado por el IIJ a petición expresa del Instituto Belisario Domínguez del Senado, el cual es presidido actualmente por el Senador Manlio Fabio Beltrones, quien siempre se ha declarado a favor de la reforma del estado.
Algunos de los principales temas que aborda la nueva propuesta, son:
• La reducción del número de Diputados y Senadores:
• La reelección de legisladores y alcaldes en periodos subsecuentes hasta por 12 años
• Definición de nuevas facultades para el Congreso
• Establecimiento de mecanismos de revocación de mandato para el presidente
• Regulación de los mecanismos para la sustitución del presidente de la República en caso de ausencia definitiva.
• Facultar al Congreso de la Unión para someter al Presidente a un juicio político y su remoción, por violación grave a la Constitución.
• La aprobación por mayoría simple las designaciones del Ejecutivo de secretarios de Estado y funcionarios de instituciones federales.
Por un lado, es interesante observar la puntualidad con la que los juristas destacan la necesidad de permitir la reelección, en parte como un mecanismo de rendición de cuentas, pero sobre todo, como un intento por brindar continuidad a los planes y proyectos de gobierno. La reelección legislativa también suele permitir una mayor especialización de los legisladores en temas específicos y reducir las curvas de aprendizaje.
Por otro lado, y tal vez más importante, se pone gran atención en la figura del presidente, que, aunque debilitado, aún es el eje de nuestro sistema político. Considero que en gran medida esto obedece a lo experimentado en las elecciones de 2006, pues por ejemplo, el atentar contra el voto público puede ser considerado una violación grave a la constitución y provocar un juicio político. De igual relevancia resulta la propuesta del mecanismo de revocación de mandato, que significaría un claro avance en la democracia participativa, además de la oportunidad de enmendar errores graves de quien ocupe el poder ejecutivo, pues es un principio constitucional que el pueblo tiene derecho a exigir un cambio de gobierno. Pero en este momento sólo podemos exigirlo, pero no llevarlo a cabo.
Bastante positiva me parece la medida propuesta de ampliar a 11 meses el trabajo legislativo, divididos en dos periodos ordinarios. Actualmente es de seis meses y medio, lo cual estaría cerca de duplicar el trabajo de los legisladores y quitaría del camino los mañosos manejos de los tiempos que muchas veces suelen hacerse para darle largas a ciertos asuntos que pierden su momentum político.
Una adición interesante como mecanismo de gobernabilidad es el planteamiento de un “Consejo de Estado”: “Una especie de mecanismo de seguridad que garantice la regularidad Constitucional, orgánicamente vinculado al Presidente, con competencia para suplir transitoriamente la omisión del legislador. Lo integrarán ex presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, ex gobernadores, ministros en retiro de la Corte, ex rectores de la UNAM, ex directores del Banco de México, y ex presidentes de México a partir de 2018 como “miembros honorarios”, con voz pero sin voto" (El Universal, noviembre 2009).
Podríamos pensar en dicho Consejo como uno de notables que sirva no como un cuarto poder, pero sí como un observador participante en los procesos políticos tanto del ejecutivo como legislativo, proveyendo alternativas basadas en la pluralidad y brindando una gran oportunidad para provocar debate en los temas que la ciudadanía debe conocer y abordar.
Como lo indica su nombre, el documento del IIJ pretende actualizar las relaciones de los poderes en el sistema presidencial mexicano. Énfasis en presidencial, pues lo sigue siendo. Encuentro muchas de sus ideas de enorme interés, más que dignas de llevarse a las instancias legislativas y discutirse como probabilidades reales de cambios y creaciones en la ley. Sin embargo, creo que tristemente muchas de ellas toparán con el macizo muro de la falta de voluntad política y acuerdos entre los tres principales partidos.
No es la primera vez que se presentan propuestas de esta envergadura que no quedan más que como pilas de documentos en algún rincón de Xicoténcatl y San Lázaro. Debido a los antecedentes, no soy muy optimista respecto a las posibilidades de impulsar las recomendaciones del IIJ en materia de reforma del estado. Además, los federales jamás se arriesgarían a brindar mecanismos de control, fiscalización y posible remoción del frágil y cuestionable ejecutivo que hoy les representa.
Sumado a lo anterior, considero fundamental el planteamiento que realizara Magdalena Gómez en febrero de 2007 cuando la CENCA apenas alzaba el vuelo:
“La clase política sigue sin asumir que la crisis del sistema la incluye y que el movimiento social ya no está dispuesto a avalar sus componendas por más que se arrope en la bandera de la democracia representativa…En el Diálogo Nacional (Evento donde participaron organizaciones como los campesinos de Atenco, el SME, Sindicatos, la APPO, entro otras) se caracterizó con rigor la profunda crisis política, la ilegitimidad del calderonismo y la necesidad de impulsar un nuevo pacto social, el cual, una vez consolidado, daría lugar a un nuevo constituyente. Ahí se piensa en términos de refundación más que de reforma…esta vía (la de la reforma) no parece interesar a quienes caminan hacia la construcción de un nuevo proyecto de nación que recupere soberanía, resguarde y proteja recursos naturales, dé prioridad a derechos económicos sociales y culturales, así como civiles y políticos, además de que proporcione la base para detener la avalancha neoliberal.” (La Jornada, febrero 2007).
No es de ningún modo descabellado abordar la alternativa que presenta la conceptualización de los cambios profundos que la nación requiere en las palabras de reforma y refundación. No es descabellado que se aborde la posibilidad de una nueva constitución incluyente y plural (la de 1917 no lo fue) que realice una verdadera reingeniería del maltrecho estado mexicano. No es descabellado hablar de una refundación de la República, incluso me atrevería a decir que la refundación de la República debió haber sido la consolidación de un proceso natural de la transición democrática si este hubiese seguido los cauces que la ciudadanía demandaba por vías legales, debate público y reconfiguración de las reglas del juego político.
Soy un partidario de la reforma del estado mexicano porque sus fisuras son demasiado profundas y numerosas, porque es claro que las instituciones carecen de fortaleza, que la impunidad y corrupción siguen rampantes, que la justicia en todos sentidos se aleja cada día más del mexicano de a pie.
Aunque el “pacto social” no está instrumentado como tal de una forma suficientemente organizada, las diversas expresiones populares de movilización, protesta e indignación permiten tomar el pulso a un rencor que crece junto con la conciencia. La reforma del estado sería sin duda un proceso benéfico, pero que emanaría de la misma clase política que desde hace muy buen tiempo se pasea y se pasa el poder. Pero en cambio, la refundación de la República puede venir por la presión de la sociedad organizada, por la exigencia de un derecho que es nuestro, por la recuperación de la más elemental dignidad y moralidad hacia el ciudadano mexicano, por la reivindicación de principios fundamentales ¿De qué serviría reformar instituciones y crear mecanismos que no representan el interés público? Hay que preguntarse primeramente si la posesión de la soberanía que supuestamente reside en cada uno de nosotros es una realidad o una mera retórica. Las crisis siempre pueden servir para clausurar una época e inaugurar otra, siempre y cuando se sepa leer el momento que habrá de hacer historia.
Reforma o refundación: no son necesariamente conceptos contrapuestos, pudiesen incluso ser parte de un proceso; pero la clase política se aleja cada vez más de las necesidades y clamores populares. Cualquier reforma debe tener como propósito máximo modernizar el Estado Mexicano no solo en su sentido sistémico-operativo, sino en el cumplimiento de sus principios más fundamentales.
*Presidente del Consejo Editorial de CEINPOL.
Ciudadanos antidemocráticos en sistemas democráticos

Luis F. Fernández.*
La consolidación de la democracia definitivamente no es tarea fácil.
Desde principios del siglo XIX, Alexis de Toqueville en La democracia en América ya aplaudía la democracia estadounidense no porque había adoptado la democracia como sistema político sino porque a partir de sus raíces sociales había construido un sistema político estable que se reflejaba en la vida cotidiana, en las relaciones de unos con otros y en un sistema de representación que efectivamente representaba a sus ciudadanos. En Latinoamérica, el sistema político no se fundó desde sus raíces sociales, no se construyó un sistema ad hoc a partir de nuestras distintas culturas o a partir de las lógicas de nuestras relaciones sociales. No me aventuro a decir que copiamos y replicamos un sistema que no embonaba con nuestra realidad, sino que hicimos las cosas al revés: adaptamos un sistema político a un sistema social tan heterogéneo que el proceso de asimilación aún nos termina.
Debo aclarar que no deseo que se contemple al sistema estadounidense como un ideal, sino sólo como una referencia puntual. Su sistema democrático desde los tiempos de Toqueville tuvo matices con respecto a la esclavitud y ciertos derechos civiles como la no universalidad del sufragio. A pesar de ello, el punto que deseo resaltar en este artículo es que los países latinoamericanos quisieron construir un sistema democrático social a partir de la implantación de un sistema político y no desde su propia lógica societal. Así, el ideal democrático se postró como sistema político y no como un estilo de vida que compartiera valores como la igualdad, libertad, tolerancia, justicia, participación en asuntos públicos, no discriminación o el respeto a la ley, sino, en ocasiones, todo lo contrario. De esta manera, a la fecha se han estabilizado sistemas democráticos con ciudadanos antidemocráticos.
¿A qué me refiero? Nuestras sociedades están marcadas por un sello de desigualdad con una raíz profunda y de antaño difícil de eliminar, ya sea social, racial o económica. Las libertades individuales son vulneradas cotidianamente al no permitir el ejercicio de los derechos civiles, sociales o políticos. La intolerancia ha sido internalizada en la cotidianidad ante valores o intereses ajenos a los propios. La justicia social no ha podido ser asegurada con una base mínima que responda las necesidades de nuestras sociedades diversas. La participación en asuntos públicos se ha convertido en asunto de unos cuantos y las puertas de acceso están en muchas ocasiones cerradas y pocas apenas entreabiertas. La discriminación se convirtió en una regla tácita en contra de personas con preferencias sexuales distintas, creencias religiosas diferentes, por condición económica o por raza. Finalmente, el respeto a la ley ha sido más un ideal no alcanzado que una realidad fehaciente.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2004 su estudio Democracia en América Latina en el que presenta algunas encuestas con datos reveladores sobre las percepciones ciudadanas hacia la democracia. Por ejemplo, la encuesta arrojó que 55% de los encuestados estaría dispuesto a apoyar un gobierno autoritario a cambio de resolver problemas económicos. Asimismo, el 56% opinó que es más importante el desarrollo económico que la democracia. El mismo estudio demuestra que desde el nivel de educación secundaria la mayoría de los estudiantes demuestran poca confianza hacia las instituciones, baja participación, desconexión con valores democráticos y desconocimiento de procedimientos y exigencias democráticas.
En México, la Secretaría de Gobernación realizó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) con el fin de conocer los valores, actitudes y percepciones de los ciudadanos del sistema político mexicano. El estudio resultó aún más ilustrativo, pues reflejó los valores de los mexicanos en su relación con los demás y de éstos con el gobierno. Por ejemplo, uno de los supuestos básicos de la democracia es aceptar que vivimos en sociedades plurales con valores e interés diversos e incluso opuestos, y que luchamos y debemos respetar las libertades individuales. Así, en cuanto a percepciones relacionadas con tolerancia y no discriminación, la ENCUP ha arrojado que el 76% afirma que los mexicanos discriminamos por clase social, el 73% por preferencias sexuales, el 54% por preferencias políticas y el 58% por preferencias religiosas. Relacionado con la participación, sólo el 13.6% de la población ha firmado o ha participado en juntar firmas vecinales para resolver problemas públicos, 12.3% ha participado directamente para resolver problemas de su comunidad y únicamente el 9.8% ha participado en procesos de toma de decisiones de su comunidad. En cuanto a qué tanto conocen el sistema político, la encuesta arrojó que el 52% de la población no sabe cuáles son los poderes de la Unión; y otro dato más grave aún es que el 67% de los mexicanos cree que violamos las reglas porque nadie nos castiga.
Este último dato refleja la percepción de un sistema político y legal que funciona por medio de incentivos negativos como la sanción, donde si no existen los mecanismos eficaces que aseguren el apego a la ley, la probabilidad de violar las reglas son bastante altas. Entonces, una cuestión tan sencilla como el respeto al prójimo se quebranta cuando nadie castiga al agresor. Es cierto que sin un Estado que aseguré el respeto a la ley -así como ciudadanos que la pasan por alto porque les reporta mayores beneficios que apegarse a ella-, el sistema democrático comienza a perder todo sentido, pues las relaciones entre ciudadanos y entre éstos y el gobierno se basan en la desconfianza con una baja expectativa de reciprocidad.
La Directora Regional para América Latina y el Caribe, Rebeca Grynspan, apuntaba en 2008 que “referirse a una ciudadanía que incorpore los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales pone en la discusión central el tipo de Estado que está detrás de esta ciudadanía y el tipo de instituciones que se requieren para expandir, consagrar y garantizar esos derechos.” Esta aseveración alude al argumento inicial sobre la necesidad de una sociedad civil democrática que construya un sistema democrático y no viceversa.
Finalmente es necesario preguntarse cómo avanzar en la construcción institucional que requiere una democracia de ciudadanía; cómo transitar a sistemas democráticos con ciudadanos democráticos; o simplemente cómo llegar a aquel sistema deseado en el que logremos adaptarnos a un sistema democrático que permee en la sociedad como un estilo de vida y no sólo como un sistema político.
*Luis F. Fernández es estudiante de Maestría en Administración y Políticas Públicas (CIDE); Lic. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CIDE-Sciences Po), y Secretario de Administración y Finanzas de Participando por México a.c.
Annus Horriblis para los órganos autónomos

Raúl Zepeda Gil.*
Definitivamente el poder legislativo no valora una de sus facultades más importantes que es la ratificación o rechazo de propuestas de otros poderes para integrar, u otros poderes u órganos autónomos constitucionales, además que el ejecutivo y las elites corruptas han despachado a su antojo los puestos de los órganos para tener sujetos a modo.
Recordando la captura del IFE en 2003, fue cuando se comenzó a irrespetar la independencia de los órganos autónomos, al colocar consejeros a modo en ese momento, caso de Luis Carlos Ugalde y camarilla (Que han sido progresivamente purgados del Instituto). Esa tendencia ha continuado, por ejemplo con la captura por parte de televisa y TV azteca de la Cofetel, de los partidos políticos a los Institutos de Transparencia, Electorales y Comisiones de Derechos Humanos en los Estados, así como de los Oficiales mayores de Hacienda, ha sido un proceso que ha derruido esos principios que el grupo San Ángel impulso en tiempos de Ernesto Zedillo.
Este año es importante en tales sucesiones, peor han sido francamente oscuras, maniqueas y en muchos casos con arreglos muy lejanos a lo que se necesita para dichos órganos.
Primero hablemos de este concepto, Captura del Estado, es según los estudios recientes del Banco Mundial, cuando los objetos o sujetos regulados por el Estado capturan los órganos reguladores de diversas maneras, corrupción corporativa, componendas políticas, etc. Esto genera obvias distorsiones y debilita al Estado en sus funciones primordiales.
Este año los entes autónomos o poderes se han visto en ese estado de Captura.
El IFAI es ahora controlado por el ente que regula. En este año Felipe Calderón ha colocado a tres incondicionales en el pleno del IFAI, María Elena Pérez Jean, Ángel Trinidad Zaldívar y Sigrid Arzt, personajes faltos de perfil en transparencia y los tres con deudas con el partido político del Presidente.
La CNDH quedo encabezada por Raúl Plascencia Villanueva, personaje conservador y que sigue con la tradición dispendiosa e indolora que dejo José Luis Soberanes, lo cual no garantiza cambio en el sentido del trabajo del Ombudsman nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación quedara con dos nuevos ministros para sustituir a los gigantes Mariano Azuela y Genaro Góngora. Para suplantarlos hay una terna de miembros del poder judicial y otra terna de académicos. Sin ser futuristas es claro que ambas ternas fueron diseñadas para que Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar quedaran en la Corte. El problema hasta el momento es el procedimiento, que veremos un poco mas adelante, pero es preocupante que ambos personajes tienen un especial acercamiento a la presidencia de la República.
Se ha retrasado el Banco de México y se habla definitivamente de la salida de Guillermo Ortiz, quien ha sido incomodo para la Secretaría de Hacienda, el problema claro es que nuevamente presidencia quiera dejar a un personaje a modo para evitar conflictos entre ambas instancias.
En la PGR, un activo abogado saboteador de la justicia, Arturo Chávez y Chávez.
Finalmente se ha hecho implícito que Arturo González de Aragón, quien ha sido crítico del manejo fiscal y presupuestal en México, deje la Auditoria Superior de la Federación para llevar un personaje que no afecte a los intereses de la clase política. Se sacrifica la autonomía por la componenda y la lealtad.
A esto tomar que órganos como la Secretaría de Educación por el Sindicato, Trabajo por los patrones, Comunicaciones por las Televisoras, Seguridad Social a los sindicatos, Cofetel por cableras, ha causado claramente que en México quienes gobiernen sean los capturadores y entes corruptores, los cuales sobre todo buscan reforzar su posición monopólica que antes ejercía el Estado y fue transferido igual a controladores privados.
Regresando al primer punto que manejábamos, el Senado en todos los casos fue opaco, con comparencias limitadas, si preguntas previas, sin seguimiento de la prensa, sin análisis de sus perfiles, sin indagación de sus vidas, de sus récords criminales, de seguridad y de vida. Solo son ratificados por simples votos a componenda de su ellos son los adecuados o no para proteger al poder mismo.
El IFE en 2007 fue repartido entre los partidos, Leonardo Valdés y Alfredo Figueroa para el PRD, Benito Nacif y Macarita Elizondo para el PAN, y Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños para el PRI.
El Tribunal Electoral fue un proceso más plural, la Suprema Corte y luego el Senado hizo dos procesos continuos de selección y designación, lo que dejo al actual pleno, y a pesar de ello ha sido un Tribunal mucho más retardatario y letrista que el garantista de los magistrados pasados. Por lo menos Flavio Galván, María del Carmen Alanis y Salvador Olimpo Gomar Nava han demostrado un papel de corruptelas y alianzas políticas.
Ante esto, me es difícil pensar en mayor solución que el acompañamiento ciudadano a estos procesos, pero al Ciudadano no le interesa, solo pocas ONG´s se interesan y los medios no proyectan los procesos, para presionar al Senado, que ha sido irresponsable en todas estas sucesiones, al avalar todo en componendas y evitar que los mejores lleguen a esas posiciones.
*Raúl Zepeda Gil, estudiante de Ciencia Política en la UNAM, aspirante a escritor, filosofo, historiador y político (en tanto su vocación malabarista), ha publicado humildes textos en las revistas Emeequis y Futuro, ateo, izquierdista demócrata liberal (¿es posible?), no fuma ni bebe (¡que chiste!), ludópata del rock de los 60´s y 70´s, le obsesionan los periódicos (es como su droga, no puede vivir un día sin ellos), lector de Manga y televidente de Anime, tiene en su haber 21 modelos de Naciones Unidas, ha sido reconocido en cinco ocasiones en debate y cuando entra a una librería es como una mujer comprando zapatos. Además odia escribir en tercera persona.
Visita su blog: Caos Político
Nada hay que festejar

Guillermo Barrera Fernández.*
Me llama poderosamente la atención que atravesando circunstancias tan especialmente complicadas en nuestro país, a ejemplo de los fiesteros de pueblo, estemos dispuestos a echar la casa por la ventana para conmemorar los doscientos años del inicio de la independencia nacional (¿?) y el centenario del inicio de la revolución mexicana (¿?).
Primeramente me indigna, que teniendo nuestra población tantas carencias, estemos dispuestos a erogar en una frenética borrachera nacional, buena cantidad de recursos que indudablemente podrían canalizarse y ser de más utilidad en otros rubros como salud, educación o seguridad. No obstante, como buenos mexicanos la fiesta es primero. No vaya a ser que nos tachen de emisarios del pasado o de poco patriotas por negarnos al dispendio.
No estoy muy al tanto, pero debido a los dichosos festejos, entiendo que en un solo día, se emplearán más de siete mil millones de pesos para sufragar alguno de los eventos conmemorativos. Ignoro si será por concepto de pirotecnia, para pagar algún moderno espectáculo multimedia o para sufragar los honorarios del ídolo del momento del populacho o de alguna actricilla o tonadillera, cuyo mérito principal sea presentarse ligera de ropa y vomitar cualquier cantidad de barbaridades, que pongan al multicéfalo al borde del paroxismo.
Francamente todo esto me da risa. Me parece un absurdo, porque nada hay que festejar. Comencemos por recordar que Miguel Hidalgo en su vida pensó en independizarnos de España, toda vez que en el grito de Dolores vitoreó a Fernando VII y si bien lanzó invectivas contra los gachupines, ello se justificaba merced al abusivo acopio de las posiciones de relevancia del que hacían gala los peninsulares. Hidalgo quizá pretendió conquistar cierta autonomía, pero es más que claro que jamás pensó en independencia, como si hizo Morelos, a quien con justicia podemos denominar el iniciador del movimiento independentista en nuestra patria.
Y aunque le provoque chorrillo a los masones y los historiadores oficialistas, gústeles o no, el consumador de la independencia nacional y por méritos propios libertador de los españoles, se llama Agustín de Iturbide y era conservador y católico. Y aquí es fuerza reconocer las cosas tal cual son y no como nos gustaría que fueran. No se puede reescribir a voluntad la realidad de los sucesos, por más que algunos se empeñen absurdamente en distorsionar y falsear lo acaecido, como por años ocurrió en México.
Por otro lado, respecto a la revolución, esta nunca existió. Principiemos por decir que nació muerta, toda vez que su iniciador era un burgués y no gente integrante del pueblo llano, que involucró la participación y el concurso de una sarta de oportunistas (es el adjetivo más generoso que puedo darles) y en contrario sensu, el descrédito y baldón indebidos para uno de los más grandes defensores de nuestra patria y nacionalidad: Porfirio Díaz, que conforme transcurre el tiempo, vamos descubriendo que no era tan malo como nos lo han pintado, sino todo lo contrario.
Continuemos aseverando que la revolución no fue sino una lucha de facciones que encarnizadamente se disputaron el poder y a los que no guiaba el amor a la patria en lo más mínimo sino el afán de lucro, dado que no hubo caudillo que no se enriqueciera de la manera más ofensiva y escandalosa y concluyamos, percatándonos que a los grandes agraviados que vivieron y viven en nuestro país, de muy poco (si no es que de nada) les ha servido (a no ser que nos parezca válido manipular al pueblo de manera clientelar con motivo de la celebración de los comicios, conducta cíclica puesta en boga en el sistema político mexicano y asimilada admirablemente al interior de los partidos políticos).
Veamos quienes fueron los protagonistas: Madero, un idealista burgués, bien intencionado que se trastornó con sus lecturas del Baghavad Ghita y su vegetarianismo, honrado pero con ingenuidad rayana en la estupidez. Con la vida pagó sus errores y por ello es digno de respeto aunque no se comparta ni comprenda su visión. Villa, un cuatrero, asesino, violador, roba vacas e ignorante. Sus ideales valieron la hacienda de Canutillo que le obsequiaron como pago del gobierno a sus servicios (o sea, le hizo justicia la revolución), Zapata, un borracho, analfabeta y zafio, de claras tendencias homosexuales con su antiguo amo, Ignacio de la Torre y Mier, por más señas yerno de Porfirio Díaz y connotado homosexual de la época, el único hacendado morelense cuyos bienes nunca afectó.
Sus ideales también se pagaron con tierras. Carranza, un oportunista, reyista inicialmente, tibio partidario de Madero después, convenenciero y caracterizado por sus largas uñas (en la época a los constitucionalistas se les llamaba consusuñaslistas y el sinónimo de robar era carrancear. Aleccionador, ¿verdad?), Obregón y Calles, dos claros ejemplos del medio pelo burocrático, dispuestos a cualquier vileza para satisfacer sus intereses y peor aun, enemigos declarados del catolicismo y de la Iglesia (especialmente Calles que vaya que hizo daño, porque de Obregón, gracias a Dios, nos libró León Toral).
Tras lo anterior, tras la maraña de mentiras que nos plantea que la revolución fue la panacea para nuestro país y casi el paraíso (oh Spota), podemos entender porque estamos tan mal. Porque todo lo que se funda en falsedades, tarde o temprano, inevitablemente se derrumba. No cerremos los ojos a la inevitable realidad. Cuando aceptemos la verdad de los hechos, probablemente podamos entender que no somos lo que decimos y quizá entonces, podamos darnos a la tarea de construir una patria y una nación, fundada en realidades y no en patrañas. Invito a los lectores a hacer presión a nuestros representantes en todo nivel de gobierno, primero para reorientar los recursos destinados a estos inútiles festejos y posteriormente, para exigir que los mexicanos tengan acceso a la verdad de los hechos, suspendiendo por ende, festividades tan onerosas como inútiles. No lo olvidemos: tan solo la verdad nos hará libres.
POST SCRIPTUM.- Guillermito: No se puede en diciembre jugar con agua con singular despreocupación, como si fuera verano. Nada hay que agrade más a papa que darte gusto, pero hay cosas que debo negarte por tu bien. Esto es solo el principio hijito. Algún día lo entenderás. Te amo infinitamente. Besitos.
Dios, Patria y Libertad
*Guillermo de Jesús Barrera Fernández. Periodista, escritor y poeta. Nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Realizó sus estudios elementales en el Colegio Americano y de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ganador de diversos certámenes literarios, entre los que destaca el Concurso de Poesía del H. Ayuntamiento de Mérida. Es parte de varias antologías de poesía yucateca, entre las que podemos citar: Los Convidados. La Voz Ante el Espejo, Desde Otra Torre y La Otredad. Recibió en el año 2000 la Medalla Valladolid, otorgada por el grupo sociocultural Luis Rosado Vega de dicha localidad por su trayectoria como promotor cultural. Miembro fundador y Secretario de Acción Cultural de la Asociación de Comunicadores 7 de Junio de su entidad natal. Miembro fundador de Radio ecológica 102.3 FM y conductor del programa Estados de Ánimo, de crítica literaria. Colaborador de Diario de Yucatán, La Revista Peninsular, NOTISURESTE y el Sistema de Información de la Arquidiócesis de México. De 2001 a 2007 fue Jefe del Departamento de Actividades Paraescolares del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán durante el gobierno de Patricio Patrón Laviada. En la actualidad se desempeña como corrector de estilo para el Instituto de Cultura de Yucatán.
Reforma Antiabortista. Cuestión Pública.

Luis Carrillo.*
La reforma a las constituciones estatales en materia de aborto, contienen una estipulación tan similar en todos los casos, que da la impresión de haber sido redactada por una misma persona, constituyendo un riesgo peligroso contra los derechos de las mujeres y contra el Estado laico.
El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional han sido los principales promotores contra el aborto en el país, en muchos casos contaron con elaval de los partidos de “izquierda”.
Los tricolores de la mano del los panistas, en prácticamente en toda la república, han adoptado un discurso moralista ultraconservador de origen religioso para justificar la inclusión, en las constituciones de los estados, la criminalización del aborto
Derivado del oportunismo político de un compromiso con el clero, en 17 estados de la república e impulsados por legisladores y gobernadores se reformaron las constituciones locales para "defender la vida" desde la concepción, sin advertir el absurdo jurídico, histórico y ético que han consumado.
Con el voto decisivo de las bancadas del PAN y el PRI en todos los casos, han modificado en tal sentido sus constituciones: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán y Veracruz.
Dichas legislaturas realizaron modificaciones que criminalizan el aborto, pasando por encima de los derechos y decisiones de las mexicanas. Al efecto el Artículo 4, constitucional establece: “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de sus hijas e hijos”.
Con estas reformas la vida queda protegida desde el momento de la concepción; esa protección se extiende hasta la terminación natural de la vida, y el concebido se considera como nacido para todos los efectos legales. Con esta modificación condenan a las mujeres a la clandestinidad, a la persecución y a la muerte.
Las reformas constitucionales de las 17 entidades federativas traen como consecuencia jurídica el derogar el delito de aborto, para sustituirlo por el de homicidio o infanticidio. El aborto consiste en provocar la muerte del producto de la concepción, en tanto que el homicidio se produce al privar de la vida a otro.
En esas circunstancias al considerar como persona nacida al óvulo recién fecundado, la muerte de cualquier producto es un homicidio, sea que resulte de un aborto o de la disposición de material fecundado en un laboratorio.
El absurdo llega hasta considerar homicidas a médicos y técnicos que intervengan en maniobras de inseminación artificial por lo que respecta a los óvulos fecundados no desarrollados.
De esta manera el producto, incluso antes de su implantación en la mucosa que recubre la cavidad uterina, es constitucionalmente una persona nacida con todos sus derechos.
Todo parece indicar que la oleada de reformas antiabortistas en los estados, en los hechos se trata de un orquestado contraataque a la despenalización del aborto practicado en las primeras 12 semanas de la gestación, aprobada en 2007 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por otra parte la prohibición del aborto afecta sobre todo a mujeres de escasos recursos y a sus familias; impedir el acceso a éste no resuelve el problema sino que agrava la vulnerabilidad de las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida.
El derecho de las mujeres al acceso del aborto legal, seguro y gratuito es una demanda de justicia social, de salud pública, y una demanda por el respeto de los derechos humanos.
Las reformas a las constituciones locales que penalizan el derecho de las mujeres a elegir libre y voluntariamente su maternidad, lamentablemente están sustentadas en una concepción religiosa, respetable en sí misma, pero impropia y aun inadmisible en una sociedad cuya convivencia se funda en el laicismo.
¿Presidente ladrón o asesino?

Fra Salazar.*
Advertencia: Lo que van a leer no es de ninguna manera políticamente correcto o, si quiera, digno de un ciudadano consciente.
Aclarado esto:
Hace algunos días mantenía una conversación con una mujer y le preguntaba: “¿Qué prefieres? ¿Un presidente que robe o que mate?”.
Y aquí una segunda aclaración. En este planteamiento ninguno de los dos escenarios es deseable. Tanto la primera opción como la segunda presentan a personajes despreciables y que pueden tener referencias con personajes históricos, pero he ahí la dificultad del problema.
Y México ha tenido el honor de contar con representantes de ambos bandos. En la esquina ratera celebramos a Carlos Salinas de Gortari, el Hugo Sánchez del odio popular. En la esquina opuesta podríamos catalogar a Luis Echeverría (abucheo de la comunidad universitaria) o al multicitado Victoriano Huerta.
Y bueno, tampoco es que A excluya B. Porque ni Fox era muy calmado ni Alemán muy santo. ¿Y Calderón? Bueno, ese parece seguir al pie de la letra su manual “Cómo fomentar una revolución for dummies.”
La respuesta, pues, que yo le di a mi escultural acompañante era que prefería un gobernante asesino, lo cual de veras creo y poseo una razón razonable: Un estadista con una visión íntegra de su proyecto de nación podría no tener empacho en desarrollarlo aún a pesar del coste de unas cuantas vidas.
Por ejemplo, la Italia fascista fue un ejemplo del desarrollo capitalista del periodo entre las dos guerras mundiales. Bueno, aunque después no les fue tan bien, Berlusconi… perdón, Mussolini siempre compartió el fanatismo por la nación de Adolf Hitler. Y en ese contexto buscaron llevar a sus respectivas a la gloria.
Ojo, no estoy diciendo que quiero que en este momento Calderón saque los tanques y al ejército y empiece a acribillar a todo el mundo; digo, esa posibilidad es muy lejana. Mi punto es que del otro lado hay un cuate que llegó al poder y que sabe que tiene que aprovechar ese momento para su beneficio. No del país, sino de su propia limosna.
Ahora que si tenemos la oportunidad de elegir, pues que venga Lula da Silva a gobernar un rato, ¿no? No sería tan difícil, lo intercambiamos por Alejandro Encinas y lo candidateamos en el 2012. Que se eche un quién vive contra Peña Nieto y… ¿Carstens?
Por favor, no dejen de comentar si prefieren al rata o al ojete. Claro, ninguno debería de estar en la silla grande, pero pues, ¿quién sería el menos peor?
*Fra Salazar, lee y escribe. Su blog: La tierra de chocolate. Correo Electrónico: maildefra@gmail.com
Un paso adelante y varios hacia atrás

Javier Martín Reyes / PxM.*
En recientes artículos publicados en este espacio, Estephanie Chaidez, Luis Andrés Giménez Cacho y Emiliano Rosales llaman a hacer frente a uno de los grandes pendientes de democracia mexicana: la construcción de una ciudadanía activa y participativa. Con diferentes matices, en estos tres textos se nos invita a dar paso adelante que nos permita ir más allá de las reglas e instituciones de la democracia formal. Sus ideas son sencillas pero poderosas: hacer que los ciudadanos se entiendan como responsables de su bienestar, incrementar la rendición de cuentas y poner al ciudadano en el centro de la política. Aunque comparto muchas de las ideas expuestas por estos autores, en este artículo quisiera abordar otro elemento esencial para la consolidación de nuestra democracia: la defensa ciudadana de las instituciones que nos hemos dado para garantizar nuestros derechos.
Es cierto que se ha repetido (a veces hasta el cansancio) que uno de los grandes logros democráticos ha sido la construcción de instituciones autónomas. Sin embargo, los recientes nombramientos en muchas de estas instituciones—que antes veíamos como orgullo de la transición—nos recuerdan que, en la defensa de los derechos, no avanzar significa un retroceso. Pareciere que se nos ha olvidado que las instituciones de la democracia no han sido concesiones graciosas del poder y que, por tanto, su conservación tampoco lo será. También parece que hemos olvidado que las instituciones no son maquinarias ajenas a quienes las integran y conducen.
O nos hemos equivocado de camino o no hemos hecho lo necesario como ciudadanía organizada. El hecho es que no hemos construido un contexto de exigencia pública lo suficientemente fuerte para evitar que impere la lógica de las cuotas partidistas en el nombramiento de los titulares de instituciones tan importantes como CONAPRED, el IFAI y la CNDH. Las (tristes) consecuencias están a la vista.
Calderón decidió colocar al frente de la CONAPRED a Perla Bustamante, una atleta que carece de cualquier mérito o trayectoria en la lucha contra la discriminación. Entre otras cosas, la señora Bustamante piensa que los crímenes de odio son “por noviazgos que terminan mal” y la discriminación se da porque “la gente se viste en fachas.” El Presidente nombró y el Senado decidió no objetar a Sigrid Artz como comisionada del IFAI. Con una experiencia prácticamente nula en materia de transparencia, Artz proviene, paradójicamente, de una de las áreas más opacas de la administración pública—seguridad nacional—y parece no tener mayor mérito que pertenecer al círculo de leales al presidente Calderón. Hace sólo unas cuantas semanas los senadores del PAN y PRI nombraron a Raúl Plascencia como Presidente de la CNDH. Con esta decisión, los legisladores avalaron y, de alguna manera, extendieron la lamentable gestión José Luis Soberanes al frente de la comisión.
El siguiente paso—tan lamentablemente predecible como indeseable—de esta tendencia sería el nombramiento de Jorge Adame Goddard como ministro de la SCJN. Miguel Ángel Granados Chapa ayer recuperaba algunas citas que muestran el conservadurismo de quien muy probablemente ocupe el lugar del aún ministro Góngora Pimentel. Además de soñar sistemas políticos sin diputados, senadores o partidos políticos, al nominado a la SCJN le parece horrible la idea de un estado laico, respetuoso de todas las religiones. En un artículo publicado hace dos años, el Dr. Adame Goddard responde negativamente a una pregunta que él mismo se formula: ¿es deseable un estado laico para un pueblo religioso? En sus palabras, “no es deseable un Estado, llámese laico o neutral, que aunque no obstaculice la vida religiosa del pueblo se desentienda de ella, como si pudiera decidir que el bien religioso, que el pueblo vive y quiere, es irrelevante.”[1] Creo que no hay mucho que añadir.
Ante la inminencia de los nombramientos, naturalmente surge una pregunta: ¿qué hacer para que los mejores ocupen los puestos (o, al menos, para que los peores no sean los elegidos)? Y la respuesta suele ser algo así como: “no mucho, sólo esperar a que nuestros representantes actúen con responsabilidad, anteponiendo el interés general sobre el particular.” Me parece que en este tipo de respuestas radica nuestra debilidad como ciudadanía. Olvidamos que la esencia de la participación ciudadana es influir y modelar el comportamiento de las instituciones del Estado; y en el momento que se nombrara a los titulares de estas instituciones es cuando más se debe hacer sentir la presión de los ciudadanos organizados.
El escrutinio público de los nominados y la responsabilidad de los legisladores no generará ciudadanía espontáneamente, como por arte de magia. Todo lo contrario. Necesitamos alzar la voz, actuar coordinadamente y, sobre todo, recordarles a nuestros representantes que la factura eventualmente llegará. Hoy más que nunca necesitamos tomar partido y entrar a los debates con nombres y apellidos. En el pasado, en circunstancias aún más adversas, lo hemos logrado. Sólo nuestra indiferencia impide que volvamos a lograrlo en el futuro.
*Javier Martín Reyes, politólogo por el CIDE y estudiante de derecho en la UNAM. Miembro de Participando por México y de la Conferencia Mariano Otero.
Participando por México (PxM) es una asociación civil que busca una transformación en los valores de la sociedad y la cultura de la participación democrática para transitar a una democracia más justa, donde cada ciudadano pueda mejorar su calidad de vida libremente, con sus propios medios y en armonía con la sociedad.
[1] Adame Goddard, Carlos. “¿Es deseable un Estado laico en un pueblo religioso?” Itsmo 266 (2006): 30 y ss.
Carta de Renuncia de Ruth Zavaleta al PRD
22 de noviembre de 2009.

C. Jesús Ortega Martínez.
Presidente de la comisión Política Nacional del Partido de La Revolución Democrática.
Integrantes de la Comisión Política Nacional.
Presente.
Asunto: Renuncia a la militancia del PRD.
Mi participación política inició en 1986 cuando me sumé a la huelga universitaria encabezada por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) y milité en el grupo Punto Crítico. Con la idea de construir un nuevo Régimen político en México, me sumé en 1988 al Frente Democrático Nacional (FDN) encabezado por Heberto Castillo Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y fui miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que cristalizó en 1989 un proceso político para crear una institución de izquierda capaz de representar el interés de muchos sectores marginados.
El trabajo de activismo social en el Movimiento Urbano Popular y Asamblea de Barrios me permitió crear un liderazgo en la zona de los Arenales, en la delegación Venustiano Carranza, una zona donde fueron ubicados damnificados de los sismos de 1985 y donde las necesidades económicas y sociales nos ayudaron a entender el enorme potencial de la población y su capacidad de autoorganización. (Al iniciar el proceso electoral por el gobierno del Distrito Federal, en 1997, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas inició ahí su campaña, lo que fue emblemático para nuestra lucha).
La de los noventas fue una época dura para quienes militábamos en el PRD y disputábamos los procesos electorales a los candidatos del partido del Gobierno: PRI. Entre 1991 y 1997 fui candidata a diputada local por los distritos ubicados en Venustiano Carranza. En 1996 me integré al grupo encabezada por René Arce para competir en las elecciones internas por la presidencia del PRD estatal y comencé a involucrarme más con las decisiones de la vida política del Partido.
De finales de 1996 hasta principios del 2000 fui Secretaria de Desarrollo Social y de Finanzas en el PRD del D. F. En el año 2000 fui diputada de la Asamblea Legislativa por el XXXI distrito de Iztapalapa y luego Jefa Delegacional en Venustiano Carranza (2003-2006).
En los comicios federales del 2006 encabece la lista plurinominal de la cuarta circunscripción para diputada, gracias al apoyo del partido y, principalmente, de los de Nueva Izquierda -encabezados a nivel nacional por Jesús Ortega y en el Distrito Federal por René Arce- fui Vicepresidenta y Presidenta de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados.
La LX legislatura de la Cámara de Diputados es significativa para el PRD y será, durante mucho tiempo, motivo de discusión y análisis, pues la respuesta a los resultados electorales determinados por las autoridades federales, abrieron la confrontación interna de nuestro instituto político. La coyuntura obligó a buscar caminos para disminuir el encono y la crispación que se habían generado durante la elección. Aún con las diferencias que se mantuvieron con algunos actores del PRD, mi actuación al frente de la Vicepresidencia y presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, buscó en todo momento apegarse a la ética y a la congruencia que como persona y política he mantenido en mi vida. Ninguna de las decisiones que se tomaron buscó afectar al partido y a sus integrantes y siempre se puso el interés de la Nación por encima de los intereses de cualquier grupo, como lo señalan nuestra Declaración de Principios al afirmar que: “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público debe instituirse para beneficio del mismo.”
Desde 1997 en que soy Consejera e integrante del Congreso Nacional acudí a todas las reuniones y atendí los argumentos y decisiones que se tomaron en los órganos de dirección y fui testigo privilegiada de la transformación del PRD.
El PRD se transformó sólidamente en una herramienta capaz de competir electoralmente y pretendió ser un partido que “se propone recoger las aspiraciones, intereses y demandas de la ciudadanía, en especial de quienes sufren la explotación, la opresión y la injusticia”… y… “se compromete con las mejores causas del pueblo, de la Nación y sus regiones, para construir una sociedad justa, igualitaria y democrática que tienda a suprimir la explotación del hombre por el hombre”. Nuestra visión meramente contestataria se transformó en una visión de búsqueda de acuerdos para consolidar un Proyecto de Nación en donde existiera el equilibrio de poderes, entre el ejecutivo federal, el legislativo y el judicial, y para consolidar un verdadero sistema federalista en donde cada estado de la República se sumara a los cambios democráticos que de forma gradual hemos ido conquistando desde la izquierda de este país.
Creo firmemente en la lucha por integrar al Municipio al pacto federal, considerando que no existe una verdadera democracia social y política si la unidad más pequeña de organización del Estado mexicano no obtiene su verdadera autonomía para beneficio de los ciudadanos. Estoy convencida de que el camino para hacer más prospero y justo a México está en el diálogo, en la suscripción de acuerdos sustentados en la corresponsabilidad y en la preeminencia de soluciones integrales donde participen y trabajen todos los actores nacionales.
El PRD logró durante 20 años avances importantes para la izquierda mexicana y logró consolidar desde gobiernos estatales, municipales, congresos locales y el federal, sus principios básicos al dar voz a los ciudadanos. Crecer ha significado también enfrentar nuevos retos y evidenciar viejos vicios. Las diferencias internas, sustanciales de forma y de fondo, han confundido a los mismos ciudadanos y nos ha cegado ante errores fundamentales.
Hoy, la concepción de la nueva izquierda por la que luchamos al interior del PRD fue desplazada por la de seguir dependiendo del candidato en turno; se renuncia al fortalecimiento regional y la estrategia de fortalecimiento institucional; se cambia el diálogo por la estridencia y se ha privilegiado la descalificación y la agresión al razonamiento y la solidaridad. Ante ello, el partido disminuye su competencia electoral y su definición de institución de acuerdos y pierde credibilidad y confianza de los sectores mayoritarios.
1.- No hemos creado una estructura regional para competir y mantener nuestra presencia.
2.- Carecemos de instrumentos certeros para dirimir nuestras controversias internas.
3.- Nuestra estrategia electoral es, actualmente, impotente ante los retos que se nos presentan. (Monitor de Septiembre de Consulta Mitofsky advirtió que los ciudadanos tienen un nivel de identidad con el PRD del 9% y de rechazo del 39.8 %. La preferencia electoral nacional rumbo a la presidencia de la República en 2012 es de 8.2. Las elecciones de este año nos dieron, en promedio, una preferencia del 13%).
4.- La discusión sustancial se pretende disfrazar como “traición al pueblo y al partido”. Se niega la posibilidad de los acuerdos satanizando y descalificando a quienes los impulsen y con ello se pierden oportunidades para participar. (En 2006 por ejemplo, surgieron propuestas de grandes Reformas, las más importantes eran la energética, la fiscal, la judicial, la electoral y la gran Reforma que integra al municipio al pacto federal). El PRD tenía su mayor bancada histórica en la Cámara de diputados 127 diputados). Sin embargo, no pudo integrarse plenamente a la búsqueda de acuerdos para que las Reformas se concretaran en cambios de raíz para beneficio de los ciudadanos que representaba, porque en su interior prevalece la bipolaridad (hacer o no acuerdos; la búsqueda de la institucionalidad o el fortalecimiento del caciquismo estridente; la búsqueda de acuerdos presupuestales para sus gobiernos estatales y los sectores que representaba o la descalificación y la violencia).
Esa bipolaridad permitió que el PRI fortaleciera sus negociaciones con el PAN en todos los términos. Si bien es cierto que en los pasados tres años los diputados lograron presupuestos extraordinarios para el desarrollo social, esto no se reflejó en la percepción de los ciudadanos, la mayoría ni siquiera se enteró que la bancada del PRD, con los acuerdos en la Cámara de Diputados, obtuvo el mayor presupuesto histórico para la educación, el campo, la tercera edad y las mujeres. No existió reconocimiento público por el Comité Nacional y en cambio si conoció la opinión pública las descalificaciones y el lenguaje violento que se utilizó en contra de los que fuimos legisladores en ese entonces.
5.- La visión bipolar y maniquea se traduce en posiciones diferentes frente a nuestros opositores: hoy, perseguimos y rechazamos a quienes hicieron crecer al partido y alojamos y apoyamos a quienes ayer buscaron eliminarlo.
6.- Los ciudadanos se van alejando del Partido de la Revolución Democrática y no ven en nosotros una opción de gobierno ni una propuesta confiable. Nuestra radicalidad discursiva genera enconos que seremos incapaces de controlar.
Mantengo un agradecimiento profundo a la Universidad Nacional Autónoma de México que me dio formación académica, al grupo Punto Crítico mi visión de Izquierda y agradezco al PRD y, en especial a los compañeros de Nueva Izquierda, la posibilidad de haber representado a los ciudadanos en los diferentes cargos de elección popular, máxime cuando esos cargos me han permitido corresponder a los ciudadanos que me han brindado su voto y su confianza.
Hoy, busco cerrar una etapa que ha sido fundamental en mi vida cómo persona, mujer, activista y política. Creo en la Libertad como valor fundamental para que toda persona encuentre su propia realización, de acuerdo a sus capacidades, deseos, necesidades y legítimos intereses, en concordia con la comunidad de la que forma parte.
Frente a la posibilidad de que nuestro sistema político se conforme como un sistema bipartidista y nuestro sistema económico acelere el proceso de empobrecimiento y marginación de grandes sectores, hoy más que nunca, seguiré luchando para hacer de México un país democrático y con justicia, para que cada ciudadano alcance sus objetivos y metas y para que las garantías de nuestra Constitución sean efectivas posibilitando alimentación, vivienda, salud, educación, acceso a la cultura y un óptimo desarrollo familiar y social.
La democracia es un método para tomar decisiones, dirimir diferencias, actuar con transparencia y con ética, por lo que quiero sumarme al esfuerzo para construir un espacio en donde los sujetos reclamen sus derechos, pero asuman sus responsabilidades con apego a la legalidad, al respeto y a la tolerancia; un espacio donde la crítica y la autocrítica cotidiana sean parte del dialogo para generar una sociedad organizada y activa, transparente en la función pública, tolerante y respetuosa de la diversidad, que parta de la convicción de que la libertad, la responsabilidad colectiva y la justicia social son condiciones para transitar a la consolidación democrática vía la paz y construir un futuro de un mundo seguro, con desarrollo integral para todos los hombres y las mujeres que convivimos en este hermoso País. Estoy convencida que esto sólo se logrará construyendo un Acuerdo Nacional con un nuevo Pacto Social de los diversos actores sociales, políticos, ciudadanos y económicos que conforman nuestra sociedad.
El PRD modifica diariamente sus orígenes y destino, y, sin embargo, tiene ante sí una gran responsabilidad: llevar a buen término la representación del 13 % del electorado, pero fundamentalmente, tiene ante sí el reto de lograr que la izquierda no se pierda. Sin embargo, creo que el PRD ya no es la institución que logre salvar esas tareas. Sin algún tipo de discusión interna, el PRD entregó su capital político al sumarse a un supuesto Frente de las llamadas izquierdas, y lo hizo sin atender su historia ni resolver los problemas que el frente interno de sus izquierdas tiene. Se ha cedido y con ello se mantiene en la ambivalencia y la incertidumbre sobre el modo de hacer política.
Creo en la fraternidad y no en el chantaje de la decepción. Los hombres y mujeres tenemos que estar en el espacio que necesitamos y que nos brinde libertad. Agradezco todas las oportunidades que el Partido de la Revolución Democrática me ha brindado para desarrollarme como individuo y como mujer.
El día de hoy presento mi renuncia a la militancia partidaria en el PRD, aclarando que esta se da en un momento que no afecta su camino: no lo hago motivada por el chantaje de no tener un cargo o una candidatura, no lo hago porque los resultados electorales demuestren nuestro declive ni porque pretenda desde fuera golpear y vulnerar. Tampoco lo hago porque pretenda integrarme a ninguno de los partidos existentes. Lo hago convencida de que el camino que toma el PRD no conduce a la construcción de la izquierda que requiera el país y los ciudadanos que han confiado en él.
Finalmente, sirva la presente para desear lo mejor al partido, a los simpatizantes y a los militantes: deseo que logren la refundación, que mejoren sus perspectivas y que nuestros futuros encuentros sean fraternales y podamos conjuntar esfuerzos para lograr la sociedad justa que soñamos.
Agradezco, de antemano, la atención que se le brinde a la presente carta y las atenciones correspondientes a la ejecución de la baja. Sin otro particular reciba un fraternal saludo.
RUTH ZAVALETA SALGADO
Lula hace enojar a Obama; Las sacudidas de la izquierda y ¿El cambio climático es una falacia? / Tiro al Blanco
Preparen: No es que tengamos la intención de seguir cada paso que Brasil da, sino que los que está dando siguen resultando de gran relevancia analítica para la política internacional. Ahora Lula vuelve a dar la nota al estar en clara contraposición con Barack Obama por la "solución" que se pretende dar a la larga crisis hondureña. El norteamericano quiere dar "carpetazo" al asunto una vez que se celebren las venideras elecciones al emanar de ellas un nuevo presidente "legítimo", borrón y cuenta nueva, así de sencillo. Obama quiere aplicar la de José José: "Ya lo pasado pasado, no me interesa". El presidente brasileño ha declarado completamente lo contrario: su país no aceptará el resultado de dicho proceso y pide la restitución de Manuel Zelaya, a quien la variable tiempo sigue jugándole en contra, pues legalmente su periodo presidencial termina a inicios del próximo año. La posición de Lula parece tener mucho más sentido y consistencia porque se sustenta en el sencillo y contundente hecho de no aceptar el golpe de estado, un mal que azotó por muchos años a nuestra región y que dicho sea de paso, diversos gobiernos de EEUU apoyaron. La posición norteamericana parece estar siendo algo laxa con un interés que parece inclinarse más a dar por solucionado el problema y dejar de tener ese dolor de cabeza en el cinturón de América. Recordemos que esto sucede apenas días después de que Lula expresó su apoyo a Irán y defendió su derecho de contar con un programa nuclear pacífico. Este par de acciones deben haber caído directas en la bilis de Washington, y no solo eso, sino que los pone en un nudo gordiano diplomático, pues pelearse con Chávez es fácil debido a sus posturas de mayor radicalismo, pero Lula

